| : MERCENARIOS: «Hacia la privatización de las guerras» | |||
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| Hacia la privatización de las guerras Pierre Conesa* Cuando necesitábamos soldados aguerridos para separar a los combatientes de los refugiados, consideré la posibilidad de contratar una firma privada. Pero tal vez el mundo no esté preparado todavía para privatizar la paz”, había declarado luego del genocidio de Rwanda, Koffi Annan, por entonces secretario general adjunto de las Naciones Unidas (ONU) a cargo de las operaciones de paz (1). Esas actividades militares privadas generan desconfianza en Francia (2), pero hallan más comprensión en el mundo anglosajón, donde algunos ya encaran “la creación de fuerzas de mercenarios voluntarios organizadas por empresas privadas, para librar guerras por contrato a cuenta de las Naciones Unidas” (3). La reaparición de mercenarios en algunas crisis africanas, como en el reciente caso de Costa de Marfil, muestra que el problema no es tan simple. Por primera vez una autoridad política -la Cámara de los Comunes de Londres- publicó el 12 de febrero de 2002 un informe sobre el tema, donde indaga sobre la real actividad de esas “empresas militares privadas” en términos no maniqueos. La Cámara trata de sentar las bases de una reflexión política para encuadrar el debate sobre los mercenarios. Desde hace unos quince años, una parte del mundo está sometida a una profunda “somalización”: la explosión y la disolución de las estructuras de poder de ciertos Estados socavados por la corrupción, llevan a un renacimiento de identidades pre-coloniales y al desmoronamiento de la economía legal. Diversos “grupos armados no estatales” -hay más de 400, repartidos en 90 países- se convirtieron en los verdaderos actores de esas crisis de baja intensidad (4). Los grupos de origen político son los más tradicionales: su objetivo declarado es la toma del poder. Pero privados, desde el fin de la guerra fría, de los recursos de Washington o de Moscú, desarrollaron toda una gama de medios para obtener los fondos que necesitan para sobrevivir. Ese fue el caso de Sendero Luminoso en Perú. En un contexto muy singular, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) suelen financiarse por medio de secuestros y de un impuesto sobre la coca o sobre su primera etapa de transformación en cocaína (la pasta básica). Pero el dinero del narcotráfico también financia a los paramilitares, y penetró en el ejército, en los sectores económicos “respetables” y en la clase política. En Argelia, el Ejército Islámico de Salvación (EIS) brazo armado del Frente Islámico de Salvación (FIS), que enarbolaba objetivos políticos, desapareció, dejando lugar a los Grupos Islámicos Armados (GIA), cuyas actividades criminales (robos, saqueos y masacres) se tornaron esenciales para su supervivencia e incluso para su identidad (5). Otros grupos no tienen otra ambición que proteger el espacio tradicional de sus clanes o etnias, sin reivindicar objetivos nacionales, como los technicals somalíes o las facciones existente en el Chad. Algunos grupos armados no estatales son de tipo exclusivamente criminal, aunque dispongan de una base social, como el Shan United Army de Myanmar, o más recientemente ciertas cofradías de piratas del Mar de China del Sur, o las mafias étnicas rusas, cuyo único objetivo es la perpetuación de sus actividades delictivas. Junto a esa desviación de la violencia política -que modifica profundamente la imagen tradicional del guerrillero- el desarrollo de milicias privadas es un proceso de “centroamericanización”. Intereses privados o agentes de las fuerzas de seguridad se transforman para luchar contra las guerrillas o contra ciertas formas de delincuencia irreductibles. Las milicias de extrema derecha, colombianas, salvadoreñas o brasileñas, suelen ser excrecencias de las fuerzas de seguridad (como los “escuadrones de la muerte”) o grupos al servicio de los intereses privados de grandes terratenientes (matanzas de campesinos, sindicalistas, extorsión) e incluso -de manera encubierta - del Estado. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que cuentan con unos 10.000 combatientes, principal grupo responsable de los asesinatos de campesinos y sindicalistas, obtienen sus fondos del tráfico de cocaína: su líder, Carlos Castaño, es objeto de una (muy reciente) petición de extradición de parte de Estados Unidos. Esos grupos también pueden estar formados por ciudadanos armados para realizar misiones de seguridad, como las milicias, grupos patrióticos y guardias comunales argelinos que contarían 140.000 integrantes (6). Respecto de ese caso, el Ejército Nacional Popular argelino (ANP), por no estar demasiado seguro del apoyo de la población para luchar contra los grupos islámicos armados, habría decidido “privatizar” la seguridad apoyándose en los ex mujaidines. El caso de los jefes guerreros afganos permite comprobar hasta qué punto son imprecisas las fronteras de clasificación entre las guerrillas políticas, étnicas, criminales y las milicias clánicas. La ayuda internacional -financiera o militar- estimulaba la unidad de esos grupos, ya fueran rebeldes o estatales, garantizando una cierta estabilidad política e ingresos regulares. Pero la pérdida de esos fondos modificó la tendencia y aumentó el carácter fragmentario, volátil e imprevisible de esos “grupos armados no estatales”. La radicalización de algunos de ellos es el signo palpable de su adaptación a las nuevas condiciones para conseguir recursos. Por lo tanto, el correlato de las nuevas economías guerreras basadas en la depredación y la criminalización, es una forma de organización política muy dispersa, a menudo autónoma, y de una violencia extrema. Ese fenómeno, durante mucho tiempo circunscripto a zonas específicas o a santuarios, se extendió a todo el planeta. Las limitaciones materiales que impedían su desarrollo desaparecieron con el fin del orden que implicaba la Guerra Fría, lo que favoreció la circulación de cantidad de armas de guerra provenientes de los ex países comunistas y del mercado libre estadounidense (7) y el acceso a las economías de los países occidentales para financiar las actividades criminales (drogas, diamantes). El carácter transnacional de esas actividades constituye la protección más eficaz frente a Estados con escasa capacidad para actuar fuera de sus fronteras. Esta explosión de violencia privada favoreció la proliferación de pequeños focos de crisis que ya no despiertan necesariamente el interés de las grandes potencias, poco deseosas de enviar efectivos a dichos lugares, menos aún bajo el mandato de la ONU. Los Estados locales, debilitados, independientemente de su legitimidad, no cuentan con medios militares suficientes, y a veces recurren a empresas internacionales de seguridad. Algunos países imponen a los inversores y a otros actores extranjeros que garanticen ellos mismos la protección de sus instalaciones, como ocurre con las compañías petroleras en Angola, en el Congo o en Argelia: formación, securización de las instalaciones, y también mercenariado activo. Africa es el continente predilecto de dichas actividades. Otra consecuencia es la multiplicación de riesgos para los actores privados (empresas, organizaciones no gubernamentales) u oficiales (organizaciones dependientes de la ONU) de dimensión internacional, que ya no cuentan con interlocutores estatales creíbles en las zonas en crisis. El desarrollo de empresas de seguridad de proyección internacional es la respuesta privada a esa nueva realidad, a tal punto que “la mayor parte de la dura tarea que constituye la defensa de la sociedad ante la amenaza de conflictos de baja intensidad, será transferida al sector de la seguridad privada, en plena expansión” (8). La proporción numérica entre guardias de seguridad privados y policías estatales es de tres a uno en los países desarrollados, pero sería de diez a uno, o aún superior, en ciertos países en crisis. La estrategia de financiamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia se desarrolló en la zona petrolífera de Santander. El oleoducto Limón-Coveñas ha sido dinamitado más de cuatrocientas veces en ocho años, es decir, un promedio de una vez por semana, mientras que los secuestrados (ejecutivos extranjeros) sólo son liberados contra el pago de importantes rescates. La compañía nacional, que por orden del gobierno se negó a pagar la tarifa de la “protección” impuesta por la guerrilla, sufrió una cantidad impresionante de atentados, al punto de hallarse económicamente en peligro. El informe sobre el suministro de armas a Sierra Leona, presentado por Sir Thomas Klegg y Robin Ibbs ante la Cámara de los Comunes de Londres el 27 de julio de 1998, enumeraba las actividades propuestas: asesoramiento, formación de personal, apoyo logístico, eliminación de minas, suministro de personal de vigilancia en las empresas, y hasta mercenariado. Pero reconocía la dificultad de diferenciar claramente los distintos tipos de empresa sobre esa base. En la década de 1990, el desinterés de las grandes potencias y la relativa incapacidad de la ONU para movilizar efectivos, facilitó el aumento de las actividades de mercenarios en ciertos conflictos africanos, a causa de la demanda de Estados débiles y a veces dictatoriales. Las primeras empresas que se hicieron notar eran sudafricanas (Executive Outcomes), israelíes (Levdan), británicas (Sandline) o estadounidenses (MPRI), e intervinieron en crisis donde estaban en juego importantes intereses económicos (el petróleo en Angola, los diamantes en Sierra Leona). Los comanditarios podían ser gobiernos locales, empresas (sobre todo mineras o de energía) o instituciones internacionales (Banco Mundial, ONU). Los analistas estimaron justificadamente que eso significaba la aparición de un neo-mercenariado (9). Executive Outcomes (EO), el caso más emblemático, fue creada en 1989 por ex militares sudafricanos: su primer contrato, en 1992, con empresas petroleras, consistía en liberar y hacer seguras ciertas zonas en manos de la Unita. Su éxito le valió dos contratos de 80 millones de dólares con el gobierno angoleño: Luanda había señalado que las diferentes acciones de la ONU (fuerzas de interposición y observadores), mucho más onerosas, no habían dado resultado. En su mejor época, EO llegó a estar presente en más de treinta países, sobre todo africanos, con cerca de 500 empleados en Angola y en Sierra Leona. La empresa fue oficialmente disuelta en 1998. Pero el fenómeno no se limita al mercenariado. Las actividades de las empresas internacionales de seguridad responden a una necesidad más amplia, y van desde el análisis del “riesgo-país” para inversores, hasta el asesoramiento de los gobiernos en materia de organización militar, de compra de equipamientos y hasta de entrenamiento de sus fuerzas (incluso para combate), pasando por el apoyo logístico de operaciones humanitarias o de fuerzas de la ONU. También ofrecen servicios de auditoría sobre la seguridad de las instalaciones industriales, que van desde la protección a la eliminación de minas. La parte principal de la facturación de esas empresas no está relacionada con sus actividades en el exterior sino en los países del Norte, donde los ejércitos occidentales profesionalizados cada vez privatizan más actividades: custodia, mantenimiento, formación, cooperación. Todo el abanico de la industria de la seguridad privada representaría una facturación de 50.000 millones de dólares (en todas sus categorías) e incluyendo Estados Unidos emplea más de dos millones de personas, 800.000 de ellas en Europa. Solamente en Francia, según indica el ex oficial de gendarmería Paul Barril, que actualmente trabaja en la seguridad privada, ese sector movería 1.500 millones de euros y emplearía 90.000 personas, es decir una cantidad equivalente a los efectivos de la Gendarmería. Actualmente existirían en todo el mundo unas 300.000 empresas de seguridad y asistencia militar. Más de un centenar de firmas de tamaño internacional trabajan bajo contrato en Africa y en países como Colombia o Indonesia (10). La ideología liberal de las instituciones financieras internacionales o de los Estados anglosajones incita a recurrir al sector privado, fundamentalmente en el sector de la formación militar o del apoyo logístico. Así se llega a inesperadas privatizaciones, como las de las aduanas de Mozambique, Angola y Bulgaria, a cargo de la empresa británica Crown Agency. Esa opción, presentada como un arma para luchar contra la corrupción de la administración local, no parece dar resultados significativos, y además recuerda curiosamente los métodos de penetración colonial del siglo XIX. A veces, el cálculo coste-eficacia incita también a ese tipo de soluciones privadas. En 1995, el régimen del capitán Strasser contrató en Sierra Leona a Executive Outcomes para realizar una campaña de 21 meses de duración por un monto de 35 millones de dólares. Esa operación, que desembocó en un proceso de negociación con el movimiento rebelde Frente Unido Revolucionario (RUF), resultó menos onerosa que el despliegue de observadores de la ONU durante ocho meses, que había costado 247 millones de dólares y no dio resultados. La profesionalización de las fuerzas armadas y la disminución general de efectivos en los países desarrollados a causa del fin de la guerra fría -que entre 1985 y 1996 habría llevado a la desmovilización de unos cinco millones de hombres, sin la compensación de medidas económicas y sociales- suministró mucha mano de obra a esas empresas de seguridad privadas. Las nacionalidades de ese personal son significativas: sudafricanos, israelíes, británicos, estadounidenses, franceses, búlgaros, ucranianos, rusos... El debate sobre las actividades de esas empresas está muy influenciado por dos prejuicios. Por una parte, las primeras operaciones se realizaron en Africa y estuvieron a cargo de empresas sudafricanas e israelíes, lo cual evocó inmediatamente los tiempos de las compañías privadas de la colonización, y despertó el recuerdo del mercenariado de las décadas de 1960 y 1970. Pero cuando, actualmente, algunas de esas empresas intervienen en Chechenia o en Somalia, el prejuicio desaparece. Por otra, los primeros comanditarios fueron a menudo regímenes políticos (depredadores e incompetentes) o empresas mineras o energéticas. En esos casos prevalecía la sospecha sobre las reales intenciones del contrato. Cuando esas empresas trabajan para ONG humanitarias (para evaluación de riesgos, formación de personal de seguridad, protección de instalaciones, eliminación de minas y asesoramiento en casos de desplazamientos de población o de liberación de rehenes...) el tema debe ser analizado desde otro ángulo. La sensación es que las dudas sobre la legitimidad de esa actividad son más de tipo ético que práctico. Un debate profundo sobre la prohibición del mercenariado supone aclarar estas cuestiones básicas. De lo contrario, los textos internacionales, actuales o futuros, se volverán poco aplicables. Así, por encima de los “mercenarios”, los “voluntarios” quedan excluidos del primer protocolo adicional de 1997 de la Convención de Ginebra sobre el Mercenariado o de las convenciones de la OUA (3 de julio de 1977) “si sus motivaciones son idealistas”: tal es la dificultad jurídica que se les presenta a los estadounidenses con los prisioneros de Guantánamo. Algunas empresas, como Sandline en Papua Nueva-Guinea, esquivan la reglamentación imponiendo por contrato a sus asalariados un grado en el ejército local. La responsabilidad de esas empresas, e incluso su legitimidad, supone una transparencia en la composición de su capital, para no llegar a ciertas prácticas criticables como por ejemplo las vinculaciones entre Executive Outcomes y su rama minera Branch Heritage Group. Algunas empresas instalaron su sede social en sitios off shore. La responsabilidad penal de los efectivos por sus acciones sobre el terreno pasa por la responsabilidad de la persona jurídica. En tal sentido, la estructuración a través de empresas “oficiales” ofrece a priori, bajo ciertas condiciones, más garantías que las acciones casi individuales de las décadas de 1960 y 1970. El respeto de la soberanía del Estado donde se desarrollan esas acciones debe ser el principio fundamental de la intervención. La negociación y el pago del rescate de personas secuestradas se llevan a cabo discretamente, por medio de sociedades de seguridad privadas contratadas por las compañías de seguro, en general londinenses, sin ninguna intervención de los Estados, sobre todo si éstos tienen una política oficial de no negociación en casos de secuestro (11). Así, en cierta medida, la privatización de la seguridad contribuye a mantener la industria del secuestro. La índole de los contratos, sus modalidades y su duración son fundamentales. La privatización de ciertos recursos del país, a veces vinculados a algunos de esos contratos, por ejemplo bajo la forma de remuneraciones en especies, es un mal menor que hay que mantener dentro de ciertos límites. Por otra parte, el tema de las relaciones entre esas empresas y los Estados democráticos del que son originarias, constituye un campo de reflexión importante. La entrega de licencias de acreditación (como se acostumbra en Estados Unidos) o la redacción de un código ético interno de la profesión, son dos maneras de reglamentar la actividad que podrían garantizar a los Estados del Sur la seriedad de las empresas que contratan. Falta también definir la compatibilidad de su acción con los objetivos de política exterior de las grandes democracias. Por lo tanto, la insuficiencia del dispositivo jurídico que prohibe el mercenariado es grave, pero todo análisis al respecto no será completo si no toma en cuenta el control de las actividades privadas de las empresas internacionales de seguridad. * Alto funcionario NOTAS: (1) Citado en“Private military Companies: options for regulations”, Informe de la Cámara de los Comunes, 12-2-2002. (2) Richard Banegas: “Le nouveau business mercenaire”, in Critique internationale, otoño 1998. (3) Alvin Toffler: Guerre et contre-guerre, París, Fayard, 1994. (4) Ver Arnaud De la Grange y Jean-Marc Balancie (directores), Mondes rebelles, Michalon, París, 2002. (5) Selma Belaala: Sociologie de la violence extrême, tesis de Ciencias Políticas, París, (de publicación próxima). (6) Véase Yamel Benramdane: “Violencia tolerable en Argelia”, Le Monde diplomatique, edición española, marzo 1999. (7) Las estadísticas sobre las armas que circulan en Estados Unidos son inexistentes. Se habla de 300 millones de armas individuales. Es indudable que las avionetas que trafican droga en dirección de la Florida no regresan vacías. (8) Martin Van Crevelde, Transformation of War, Nueva York, 1991. (9) Ver el informe “Multinationales de mercenaires” en el sitio Guardian@isuisse.com, o “Mercenaires SA”, de Philippe Chapleau y François Missier, DDB, París, 1998. (10) Cifras suministradas por “Multinationales de mercenaire”, bien analizadas por Richard Banegas, ya citado. (11) Se conoce el caso de un grupo que disponía en su computadora del curriculum de la persona que planeaba secuestrar, para verificar el valor “de cambio” de la víctima. La ley francesa prohibe a las compañías de seguro pagar rescates, y las empresas internacionales con sede en Londres aseguran contra esos riesgos al personal que envían al exterior.Hacia la privatización de las guerras |
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